Somos testigos en la región del estallido de diversos tipos de escándalos vinculados con la alteración del orden de prioridades fijadas para la aplicación de vacunación contra el COVID 19. En esta oportunidad las miradas y las críticas apuntaron a la clase política por su tendencia a la distribución inequitativa de estos recursos públicos tanto escaso como deseados por la mayoría de sociedad en esta etapa de pandemia que no parece tener fin.

 Existe un conocido dicho popular respecto a que “hacen falta dos para bailar el tango”. Implicando que para que se puedan cometer estas maniobras carentes de la mínima pauta ética, y hasta en algunos casos alcanzando ribetes delictuales, se requiere indispensablemente de la participación de no solo de funcionarios públicos sino también de sujetos privados beneficiados del obrar arbitrario estatal en cualquiera de sus diferentes jurisdicciones (nacional, provincial, municipal o de distrito). Ahora bien, en el caso que los beneficiados formasen parte de nuestra organización, ¿qué actitud se debiera adoptar, siempre partiendo de la premisa que se propicia el desarrollo de actividades dentro de un marco ético? Sin duda que mucho más gravitante puede resultar el impacto en la organización si el miembro beneficiado es parte de la dirección de la misma, ya que el compromiso ético debe surgir desde la órbita de la dirección para bajarse dicho mensaje al resto de la organización, bajo lo que se conoce como “tone from the top”. Incurriéndose en un alevoso apartamiento de la premisa indispensable de predicar con el ejemplo. Por lo cual en dichas situaciones no queda más remedio que proceder al apartamiento de la organización de dicho directivo beneficiado con vacunación “express” para reafirmar el compromiso ético de la organización sea quien sea el infractor. 

Resulta discutible si bajo el marco del derecho laboral puede existir una obligación de vacunación del empleado, pero ¿qué sucedería si se hiciese público, ya sea por la propia declaración del empleado o por otras razones ajenas a la organización, que por causas que no conciernen a la organización algún empleado recibió su vacunación sin respetar las prioridades establecidas en los protocolos que rijan en la respectiva jurisdicción? ¿La organización debería adoptar algún temperamento frente al obrar no ético del empleado aunque el mismo hubiese sido consumado fuera del ámbito de la relación laboral? El respeto del mandato ético puede traer consecuencias onerosas en el corto plazo pero a largo plazo redundará en una verdadera filosofía organizacional respetuosa de los valores escogidos para cumplir su objeto social.

Si hubiese que definir un orden de prioridades dentro de nuestra organización para definir quienes se debieran aplicar la vacuna en primer término.  ¿Contaríamos con un criterio objetivo a ser empleado? ¿Se priorizaría al personal considerado estratégico e indispensable para la correcta marcha de la organización o a los factores de riesgo para la salud que puede presentar cada miembro? ¿Acaso no se deberían adoptar protocolos internos para que exista una regla predefinida respecto al criterio que prima en nuestra organización? ¿Quién lo decidiría? ¿Habría participación de los trabajadores en la toma de la decisión?

¿Publicitaríamos a todos aquellos que han recibido la vacuna dentro de nuestra organización? ¿Acaso sabemos que hay restricciones respecto a la difusión de los vacunados puesto que involucra datos personales sensibles de salud que como principio no son pasibles de ser cedidos?

Valores como solidaridad, justicia, equidad dejan de ser palabra muerta para convertirse en una aplicación concreta en situaciones límites como éstas donde la vida de todos puede estar en juego, y eso sin duda puede alcanzarse apoyándose en la implementación concreta del marco ético que nos guía como organización.  No podrá  hacerse oídos sordos argumentado la urgencia que presentan estas situaciones excepcionales y por ende las soluciones a adoptarse no podrán estar huérfanas de los valores que conforman nuestra ética organizacional.

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