La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas introdujo los Programas de Integridad en Argentina. Su artículo 23 enumera los elementos que estos programas deben o pueden contener, y entre ellos aparecen de forma explícita los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y debidamente difundidos.El programa es exigible para las personas jurídicas que contraten con el Estado nacional por encima de ciertos montos, pero en la práctica muchas empresas lo implementan aunque no estén obligadas: como mitigante en caso de hechos delictivos, como requisito de contrapartes serias, o como señal de madurez institucional frente a inversores y auditores.La Ley define el qué (tiene que haber canales), pero no profundiza en el cómo. Ahí es donde entran las buenas prácticas internacionales.
La ISO 37002:2021 — Whistleblowing Management Systems es la norma internacional que define cómo diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de denuncias de irregularidades. Es una norma de guía (no certificable), pero constituye unas de las referencias metodológicas más completas disponible hoy.La norma organiza el sistema en torno a tres principios y cuatro etapas.
Si uno de estos cuatro pasos no está formalizado, el canal es decorativo.
En nuestra experiencia, las razones por las que una línea de denuncias no recibe reportes genuinos suelen reducirse a cuatro:
¿Hay que ofrecer anonimato o alcanza con confidencialidad? No son lo mismo. La confidencialidad implica que la identidad del denunciante se conoce pero se protege del resto de la organización; el anonimato implica que ni siquiera quien gestiona el canal conoce la identidad. Para investigaciones serias, la confidencialidad suele dar mejores resultados (permite repreguntar, pedir documentos, validar). Pero ofrecer la opción de denuncia anónima baja la barrera de entrada y permite que los primeros reportes aparezcan. La mayoría de las líneas maduras ofrecen las dos modalidades y dejan la elección al denunciante.
La ISO 37002 extiende la protección más allá del denunciante: incluye a los testigos, a los compañeros que apoyen al denunciante y a las personas que corran el riesgo de ser consideradas denunciantes aunque no lo sean. La protección debe ser:
Sin estos tres niveles, la protección es declarativa y no opera en la práctica.
No existe un único canal correcto. Una línea madura combina varias vías de entrada:
Para empresas medianas o chicas, una buena práctica es tercerizar el canal con un proveedor especializado: elimina la percepción de que la empresa controla la información entrante, permite ofrecer anonimato real y estandariza el registro y seguimiento de casos.
En nuestra experiencia acompañando empresas en estos procesos, los tres errores más comunes son:
En Crearis Latam trabajamos con empresas en el diseño, implementación y revisión de líneas de denuncias: desde el encuadre normativo bajo Ley 27.401, los estándares ISO y las mejores prácticas del mercado, hasta el protocolo de investigación, la política de protección al denunciante y los indicadores que permiten medir si el canal efectivamente funciona.¿Querés evaluarlo en tu empresa? Coordinemos una llamada con nuestro equipo.
Fuentes normativas y de referencia: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria (art. 22 y 23); ISO 37002:2021 — Whistleblowing Management Systems; guías de la Oficina Anticorrupción sobre Programas de Integridad.