📜 Qué pide la Ley 27.401

La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas introdujo los Programas de Integridad en Argentina. Su artículo 23 enumera los elementos que estos programas deben o pueden contener, y entre ellos aparecen de forma explícita los canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y debidamente difundidos.El programa es exigible para las personas jurídicas que contraten con el Estado nacional por encima de ciertos montos, pero en la práctica muchas empresas lo implementan aunque no estén obligadas: como mitigante en caso de hechos delictivos, como requisito de contrapartes serias, o como señal de madurez institucional frente a inversores y auditores.La Ley define el qué (tiene que haber canales), pero no profundiza en el cómo. Ahí es donde entran las buenas prácticas internacionales.


📐 El estándar internacional: ISO 37002

La ISO 37002:2021 — Whistleblowing Management Systems es la norma internacional que define cómo diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión de denuncias de irregularidades. Es una norma de guía (no certificable), pero constituye unas de las referencias metodológicas más completas disponible hoy.La norma organiza el sistema en torno a tres principios y cuatro etapas.

🔑 Los tres principios

  • Confianza. El canal tiene que inspirar confianza al potencial denunciante. Sin confianza no hay denuncia.
  • Imparcialidad. Las denuncias se evalúan y gestionan sin sesgo, sin importar a quién involucren.
  • Protección. El denunciante, los testigos y quienes colaboran con la investigación están protegidos frente a represalias.

🔄 Las cuatro etapas del proceso

  • Recepción: llegada de la denuncia por el canal habilitado, con registro formal.
  • Evaluación: análisis preliminar de admisibilidad y gravedad. Las denuncias infundadas pueden archivarse en esta fase.
  • Gestión: investigación formal, acopio de evidencia, entrevistas, conclusiones.
  • Conclusión: resolución de la denuncia, aplicación de medidas correctivas, comunicación al denunciante dentro de lo posible.

Si uno de estos cuatro pasos no está formalizado, el canal es decorativo.


🎯 Por qué fracasan las líneas de denuncias que nadie usa

En nuestra experiencia, las razones por las que una línea de denuncias no recibe reportes genuinos suelen reducirse a cuatro:

  • El canal no es confidencial de verdad. Un mail a etica@empresa.com que llega a la casilla general del área de RRHH no es un canal confidencial. El empleado lo sabe y no denuncia.
  • No hay anonimato cuando corresponde. En culturas organizacionales donde las represalias son posibles, la posibilidad de denunciar sin identificarse es lo que destraba el primer reporte.
  • No hay respuesta visible. Si el personal no ve que las denuncias se investigan y se toman medidas, concluye (con razón) que denunciar no sirve.
  • No hay protección real al denunciante. Si quien denunció sufrió luego una represalia (traslado, despido, hostigamiento), la credibilidad del canal se destruye por años, aunque el caso puntual se haya resuelto.

¿Hay que ofrecer anonimato o alcanza con confidencialidad? No son lo mismo. La confidencialidad implica que la identidad del denunciante se conoce pero se protege del resto de la organización; el anonimato implica que ni siquiera quien gestiona el canal conoce la identidad. Para investigaciones serias, la confidencialidad suele dar mejores resultados (permite repreguntar, pedir documentos, validar). Pero ofrecer la opción de denuncia anónima baja la barrera de entrada y permite que los primeros reportes aparezcan. La mayoría de las líneas maduras ofrecen las dos modalidades y dejan la elección al denunciante.


🛡️ Protección al denunciante

La ISO 37002 extiende la protección más allá del denunciante: incluye a los testigos, a los compañeros que apoyen al denunciante y a las personas que corran el riesgo de ser consideradas denunciantes aunque no lo sean. La protección debe ser:

  • Formal: una política escrita, aprobada por el órgano de administración, que prohíba expresamente las represalias.
  • Operativa: un procedimiento que detecte posibles represalias (cambios de puesto, evaluaciones negativas, aislamiento) y las revierta.
  • Comunicada: el personal tiene que saber que la protección existe y cómo activarla.

Sin estos tres niveles, la protección es declarativa y no opera en la práctica.


🧰 Qué canales considerar

No existe un único canal correcto. Una línea madura combina varias vías de entrada:

  • Formulario web con posibilidad de denuncia anónima.
  • Casilla de correo electrónico dedicada, gestionada por un responsable identificado.
  • Línea telefónica (interna o tercerizada), con horario de atención claro.
  • Vía presencial con el Oficial de Cumplimiento o un referente del Comité de Ética.

Para empresas medianas o chicas, una buena práctica es tercerizar el canal con un proveedor especializado: elimina la percepción de que la empresa controla la información entrante, permite ofrecer anonimato real y estandariza el registro y seguimiento de casos.


⚠️ Errores que vemos con frecuencia

En nuestra experiencia acompañando empresas en estos procesos, los tres errores más comunes son:

  • Publicar el canal y no comunicarlo. Mencionarlo una vez en la inducción no alcanza. La línea tiene que estar visible en carteles, recordada en comunicaciones periódicas y validada por mensajes del CEO.
  • No tener un protocolo de investigación formal. Cada denuncia se gestiona como se puede, sin criterios uniformes, lo que genera inconsistencia y expone a la empresa a observaciones.
  • Confundir confidencialidad con secreto. Los resultados del proceso de denuncia deben comunicarse al menos de forma agregada (cuántos casos, qué tipo, qué medidas se tomaron). El personal necesita ver que el sistema funciona.

Cómo acompañamos

En Crearis Latam trabajamos con empresas en el diseño, implementación y revisión de líneas de denuncias: desde el encuadre normativo bajo Ley 27.401, los estándares ISO y las mejores prácticas del mercado, hasta el protocolo de investigación, la política de protección al denunciante y los indicadores que permiten medir si el canal efectivamente funciona.¿Querés evaluarlo en tu empresa? Coordinemos una llamada con nuestro equipo.


Fuentes normativas y de referencia: Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria (art. 22 y 23); ISO 37002:2021 — Whistleblowing Management Systems; guías de la Oficina Anticorrupción sobre Programas de Integridad.

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